La privatización de la guerra.

Iñigo Sáenz de Ugarte

De todos los legados que dejó Rumsfeld en el Pentágono, éste es el que perdurará durante más tiempo. Algún día, quizá en la próxima década, EEUU abandonará Irak. Lo que nunca cambiará ya será la implicación de la empresa privada en el negocio de la guerra.

Blackwater es una compañía muy especial –por algo le llaman la guardia pretoriana de la Administración de Bush– pero no la única. Decenas de ellas han encontrado un filón inagotable. Miles de ex soldados chilenos, sudafricanos, salvadoreños y, desde luego, estadounidenses y británicos tienen ante sí nuevas oportunidades. Y todo porque el gran imperio americano ha descubierto que matar al enemigo es una actividad laboral como cualquier otra. También se puede subcontratar.

Sin el reclutamiento obligatorio de la época de Vietnam, EEUU no puede mantener durante años un despliegue militar como el actual. Al mismo tiempo, los inevitables reveses de la guerra provocan molestas preguntas de parlamentarios y periodistas, al menos de los que no permiten que la patria nuble su juicio.

La solución consiste en contratar un ejército privado. Sus cifras de muertos no nutren el parte general de bajas. Se mueven entre sombras, sin hacer frente a las responsabilidades que obligan a los uniformados. El Estado no paga su entrenamiento ni sus pensiones. La relación calidad-precio no es desdeñable.

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