La ley aún está en trámite pero ya es bastante grave que una propuesta así haya llegado hasta el Consejo de Estado. El Gobierno prepara una reforma legal de la LSSI, la ley de Internet. En ella, la SGAE ha colado de tapadillo una cláusula por la que podrían obligar a las operadoras a bloquear los contenidos que deseasen. Podrían cerrar cualquier web sin más vueltas. Así, por la vía directa: sin orden judicial. Al menos en la Ley Corcuera la patada en la puerta la daba la poli, no una entidad privada.
Pero la reforma legal que prepara el Gobierno no acaba ahí. Tal cual está ahora el texto de la reforma, la SGAE no sólo podría censurar cualquier página donde, según su opinión, se vulneren los derechos de autor. También podría bloquear a cualquier internauta que compartiese más de 10 archivos a través de Internet con programas como el Emule.
Pero la culpa no es la SGAE. Ella no es mala, la han dibujado así. Está en su naturaleza. Ya puestos a pisotear el estado de derecho, ¿por qué no damos también autorización legal a la SGAE para que juzgue, condene y deporte a los vendedores del top manta sin necesidad de más intermediarios? Lo que nos ahorremos en policías y jueces lo podemos invertir en encontrar políticos más presentables.
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